La Fiscalía solicitó 2 años de prisión. Las querellas acusaron por homicidio culposo, pero la más dura pidió 4 años de cárcel. Las defensas plantearon que hay no culpa.
El juicio por las muertes de cuatro brigadistas antiincendios Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte está llegando a su fin. Este lunes se desarrolló la jornada de alegatos y la sentencia del juez Diego Rodríguez Pipino se conocerá el próximo viernes.
Los abogados querellantes coincidieron en el pedido de condena por homicidio culposo, pero mientras que Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia, requirieron condenas de 3 años de ejecución condicional, Carlos Saravia planteó que los acusados Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagun deben cumplir 4 años de prisión efectiva. La fiscala Mónica Poma solicitó una sentencia más leve, de 2 años sin cárcel efectiva, y mantuvo la calificación por incumplimiento de deberes.
Poma desestimó que existan pruebas para la acusación de homicidio culposo y pidió que los imputados, que eran funcionarios de Defensa Civil de Salta en el momento en que murieron los brigadistas, sean sentenciados a 2 años de prisión de ejecución condicional y 4 de inhabilitación especial. Interpretó que hubo un ejercicio abusivo de las funciones que confluyó en la muerte de los cuatro brigadistas cuando intentaban apagar un incendio en el cerro El Acheral, de la localidad de Guachipas, el 27 de octubre de 2014.
Teseyra y Arancibia, que representan las querellas y las acciones civiles de la madre de Vilte, Rossana del Valle Chávez, y de la viuda de Valdez, Valeria Soledad Montenegro, pidieron una indemnización de $15 millones para ambas familias.
Teseyra contempló atenuantes, dijo que los familiares “no buscan venganza sino justicia”, destacó que Ola Castro estuvo cerca de los familiares y ha “prestado alguna empatía para las víctimas”; sin embargo, sostuvo que la beneficencia no puede ser la única respuesta, señaló las responsabilidades de la provincia, y afirmó que debe haber una “reparación solidaria”, como una forma de restablecer la igualdad. Solicitó como monto estimativo que se debe indemnizar con $9 millones a la viuda de Valdez, que quedó sola con tres hijos menores de edad a cargo, y con $6 millones a la madre de Vilte.
Más tarde los abogados de la Fiscalía de Estado, Pablo Cuéllar Medina y otro de apellido Taboada, negaron que haya una responsabilidad del Estado en estos hechos. Afirmaron que fue “un accidente, casual, fortuito y sin la responsabilidad de terceros”, responsabilizaron a la “naturaleza”. Argumentaron que la brigada tenía “equipamiento estándar, protección personal, casco, ropa ignífuga, elementos de seguridad y comunicación por handy”. “El Estado ha actuado dentro de lo que impone la ley a partir de distintos niveles, implementando los elementos tecnológicos y humanos”, aseguraron.
Contratados sin capacitación
Teseyra interpretó que en este caso hay “una historia de injusticia social” con “familias destrozadas”. Destacó las contrataciones por locación de servicios que tenían Vilte y Valdez. El primer contrato exigía funciones de “desmalezadores” en la recuperación de espacios públicos y en el segundo se añadió la “colaboración a las tareas de los brigadistas”. Y destacó las desigualdades que existían en Defensa Civil puesto que estos hombres debían cumplir las mismas tareas que los trabajadores de planta permanente, o incluso “hacer el trabajo sucio” por una menor remuneración, sin obra social, ni ART y sin estabilidad laboral.
Añadió que después de los fallecimientos sus familias no recibieron nada, mientras que las de Albarracín y Ferreyra que estaban en planta pudieron cobrar una indemnización.
Teseyra sostuvo que había un desmanejo de Ola Castro, que cumplía funciones de subresecretario de Defensa Civil, y que a Vilte y Valdez los enviaban a apagar incendios “dantescos”, “forzados al heroísmo”.
El abogado resaltó que los tres imputados enviaron a la cuadrilla a apagar el fuego con “la comodidad de funcionarios burgueses”. “No planificaron nada. No había coordinación”. Sobre Ferreyra, que era jefe de la cuadrilla, dijo que tiene alguna responsabilidad pero que en realidad estaba en esa función “porque Dagun lo puso” y que no tenía ni la capacitación ni la experiencia suficiente.
Para Teseyra, los jóvenes estuvieron expuestos: “206 veces los enviaron a apagar el fuego a pesar de que no eran brigadistas (...) Vilte y Valdez no tenían capacitación (...) No es capacitación suficiente una sola clase”. Resaltó que en su última tarea, no tenían el equipamiento necesario para sobrevivir. Indicó que en el caso de Valdez no se pudo establecer que la camisa que tenía fuera ignífuga, tampoco los borceguíes eran aptos, los handy “eran de una marca china” no adecuada a las necesidades de comunicación.
Consecuencias mortales
En cambio, el abogado Carlos Saravia consideró “benevolentes” los planteos de sus colegas y de la fiscala. En representación de Omar Valdez (padre de Mauricio Valdez), Pedro Albarracín (padre de Martín Albarracín) y de Olga Graciela Fabian (familiar de Víctor Ferreyra), pidió una “condena ejemplar” de cumplimiento efectivo de 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años.
Para Saravia, hubo varios incumplimientos de los funcionarios imputados con consecuencias mortales. Dijo que a 5 años continúan las injusticias, recordó que no tuvo curso una denuncia al ex ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D’ Andrea, y que la Defensora Oficial María Inés Diez se oponía a que los familiares se constituyeran en querellantes; también, que el fiscal Federico Portal archivó la causa y que la Fiscalía de Estado agregó la negativa de otorgar indemnización en el proceso penal.
El abogado dijo que se incumplió el protocolo y hubo un desprecio por la vida de los trabajadores. Aseveró que Ferreyra no tenía la capacitación para ejercer como jefe, “los combatientes (del fuego) tampoco eran combatientes”.
Saravia aseguró que Ola Castro mintió en un informe al Ministerio de Seguridad y que se presentó en Diputados, “quiso disimular la negligencia". Especificó que la cuadrilla no contaba con GPS, “el handy no era de la misma marca que correspondía (...) no habían vías de escape". Añadió que debió haberse abortado la misión.
Detalló que cuando se perdió la comunicación, recién a las dos horas, Ola Castro y Dagun hicieron un sobrevuelo pero sin técnico especializado, “se fueron y los dejaron a su suerte (...) Ola Castro mintió que no podían seguir, pero sí se podía”, sostuvo.
El abogado planteó que los funcionarios no conformaron una brigada certificada y que falsearon información ante el Plan Nacional del Manejo del Fuego. “No hubo control. No se les brindaron informes metereológicos”.
"Un siniestro inmanejable"
El abogado Ricardo Poclava dijo que Dagun “no tenía injerencia, no participaba en la confección ni selección de personal” y que cumplía solo un rol administrativo por lo que tampoco era su competencia estar en el lugar del incendio.
Según el letrado, la cuadrilla contaba con “los elementos necesarios para combatir” el fuego. Planteó que en todo caso pudo haber una “irregularidad funcional, que debió traer una corrección disciplinaria”, pero que no existió una intención de provocar un daño. Y llegó a responsabilizar al fallecido Víctor Ferreyra, por ser el jefe de cuadrilla: “en este infortunio, había un jefe de cuadrilla que debía velar por la seguridad de su personal”, afirmó.
Sobre las órdenes impartidas para que los brigadistas fueran a apagar el fuego en el cerro, el letrado manifestó que Dagun únicamente se encargaba de determinar a qué lugar debían ir y que las cosas a utilizar estuvieran en condiciones.
Mario López Escotorín, en defensa de Ola Castro, sostuvo que la cuadrilla “tenía que hacer constataciones y verificaciones del estado del siniestro. Tenían que tener la precaución ante el riesgo, necesitaban salir a evaluar, no tenían orden de salir a combatir el fuego”.
Sobre las contrataciones de Vilte y Valdez, dijo que no eran para desmalezamiento sino para ayudar a la seguridad, sacar elementos nocivos que inclusive podían ser combustibles y que debían realizar tareas conjuntas con la brigada. Respecto las contrataciones argumentó que no las realizaba Ola Castro, sino la provincia. Para el abogado, “no hubo abuso de autoridad ni siquiera malicia”.
Sobre la acusación por homicidio culposo, sostuvo que no hay “un nexo causal" entre las órdenes y "el resultado de la muerte de los brigadistas”. Para el letrado, las muertes fueron “una fatalidad en un siniestro inmanejable”.
Para reafirmar sus dichos, destacó que los otros brigadistas que se salvaron, “Rivas y Espinoza con dos baquianos retomaron a origen, volvieron al vehículo donde tenían comunicación a través de handy o celulares”.
El abogado Pablo Tobío, quien defiende a Durnelli, dijo que los contratos de Vilte y Valdez aluden a la colaboración como brigadistas, que “no era específico pero no estaba fuera” la posibilidad de que fueran enviados a apagar incendios. Y cargó responsabilidad sobre el fallecido Ferreyra, sostuvo que el jefe de cuadrilla pudo “replegarse, volver”. Aseguró además que si los brigadistas regresaban “ni tenían sanción”. "Hubo un error humano por parte de Ferreyra que los lleva a la muerte”, insistió.
Fuente: Salta Página 12
