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Milei proyecta elevar la edad jubilatoria a 70 años: más ajuste sobre los que menos tienen

El Gobierno de Javier Milei analiza una reforma previsional que incluye el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 70 años para hombres y mujeres, con implementación a partir de 2027 y culminación en 2030.


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Esta medida, enmarcada en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar la sostenibilidad del sistema, ha generado fuertes críticas de la oposición, sindicatos y organizaciones de jubilados, quienes la ven como un nuevo golpe a los sectores más vulnerables en medio de un ajuste económico que ya ha impactado duramente en los pensionados.


Según fuentes oficiales, la propuesta busca equiparar las edades de retiro de ambos sexos de manera progresiva, argumentando que cada año adicional de trabajo genera mayores ingresos por aportes de trabajadores activos y reduce los años de cobro del haber completo.


El Ejecutivo justifica esta iniciativa en el "desfase agravado por el envejecimiento acelerado de la población y el déficit estructural de la Seguridad Social", que obliga al Tesoro a cubrir la diferencia entre ingresos y egresos.


Entre los ejes centrales de la reforma se encuentra la implementación de una Prestación de Retiro Proporcional, que permitiría jubilarse según los años efectivamente aportados, sin posibilidad de completar periodos faltantes mediante moratorias.


Esta figura, que ya había sido incluida en la Ley Bases de 2023 pero luego retirada, implicaría que quienes no alcancen los 30 años de aportes reciban un haber menor, sin acceso al régimen pleno.


Además, el Gobierno apunta a homogeneizar o eliminar más de 100 regímenes jubilatorios especiales, que contemplan condiciones diferenciales por actividad laboral, como los de docentes, trabajadores del transporte, salud, construcción y empleados estatales.


Todos ellos serían evaluados para equiparar edad, aportes requeridos y fórmula de cálculo con el régimen general.


La viabilidad de esta reforma depende en gran medida de la composición del Congreso tras las elecciones nacionales de octubre, donde La Libertad Avanza busca fortalecer su participación legislativa para avanzar en las reformas previsional, laboral y tributaria comprometidas con el FMI. Actualmente, estos cambios se encuentran en fase de anteproyectos, alineados con metas fiscales antiinflacionarias.


Sin embargo, la propuesta ha desatado un aluvión de críticas. Opositores y analistas señalan que elevar la edad jubilatoria agravaría la precariedad de los trabajadores mayores, en un contexto de alto desempleo y caída del poder adquisitivo. Pensionados han liderado protestas contra la agenda de austeridad de Milei, denunciando violencia estatal en manifestaciones.


Además, se critica que el Gobierno priorice el equilibrio fiscal a costa de los más vulnerables, como evidencian los vetos a leyes que buscaban aumentar pensiones y permitir retiros sin los 30 años de aportes completos.


La vicepresidenta Victoria Villarruel ha llegado a confrontar públicamente con Milei por permitir debates sobre incrementos previsionales, acusándolo de amenazar el superávit fiscal.


Sindicatos y organizaciones como la CTA han calificado la reforma como "irresponsable", argumentando que excluye a miles de personas sin contribuciones mínimas y perpetúa la desigualdad.


Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, los jubilados han sido uno de los sectores más afectados por el brutal ajuste económico. Investigadores destacan que los pensionados han perdido casi el 45% de su poder adquisitivo pese a bonos extraordinarios, lo que ha impulsado protestas semanales frente al Congreso.


El veto a aumentos previsionales y recortes en el gasto público han exacerbado la pobreza, con tasas que se dispararon durante el primer año de gestión, afectando especialmente a retirees que luchan por cubrir necesidades básicas como transporte y medicamentos.


Organizaciones internacionales han advertido sobre el impacto social de estas medidas, que incluyen una reducción del 30% en el gasto real ajustado por inflación durante los primeros 10 meses de gobierno.


Jubilados y pensionados como los que protestan en las calles describen la situación como una "revuelta de los retirees" contra políticas que priorizan el superávit fiscal sobre la dignidad humana.


Mientras el debate avanza, expertos prevén que la reforma podría enfrentar resistencia en el Parlamento y en las calles, donde los jubilados continúan siendo la vanguardia de la oposición al modelo mileísta.

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