En su alegato final, Áñez insistió en su inocencia y reivindicó su llegada a la presidencia

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez insistió hoy en proclamar su inocencia de los delitos por los que se la acusa en el llamado “Caso golpe de Estado II”, ventilados en “un simulacro de juicio”, y afirmó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló Áñez al pronunciar sus últimas palabras en los alegatos finales antes de la sentencia. El tribunal que la juzga junto a otros mandos policiales y militares debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta. “Se declara formalmente cerrado el debate. Los miembros de este tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictada la correspondiente resolución, debiendo las partes procesales, mediante vía virtual estar conectados a la audiencia hasta que el tribunal emita la resolución que corresponda conforme a ley”, señaló luego el titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos. Antes, Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”. Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo. La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019. ”Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó. Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”. La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien ella no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato. Cuando es inminente una sentencia, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de "arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional" el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar. En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que "preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado". Los exgobernantes subrayan que "una exmandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades" y que la acusación de que promovió y llevó a cabo un golpe de Estado es "una acusación inventada sobre un hecho que no existió". "La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas", señalan. El texto alerta sobre la “imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Áñez". Por ello y por "el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional", los exgobernantes consideran que los "testigos y facilitadores" de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían "repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional". El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga. Áñez enfrenta otros dos juicios simultáneos, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, donde se reprimió a protestas callejeras.