Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado: una sentencia histórica contra la corrosión democrática

Bolsonaro y sus aliados son hallados culpables de conspirar contra el Estado democrático; la condena marca un antes y un después en la historia política brasileña.

El expresidente Jair Messías Bolsonaro acaba de recibir la condena más dura jamás dictada contra un exmandatario en la historia democrática de Brasil.

El Tribunal Supremo Federal lo sentenció a 27 años y tres meses de prisión por su papel central en la conspiración que buscó subvertir el orden constitucional tras su derrota en las elecciones de 2022.

La decisión, tomada por mayoría, marca un punto de inflexión en la región: la justicia no solo castigó a un político acusado de corrupción o abuso de poder, sino a un líder que intentó dinamitar la democracia desde sus cimientos.

Los jueces lo hallaron culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño a bienes públicos y amenaza grave.

Las pruebas fueron contundentes: reuniones secretas con militares, planes de vigilancia a jueces y opositores, discursos en los que deslegitimaba el sistema electoral, y el violento asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron el Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial, dejando destrozos y un mensaje claro de intolerancia.

Lejos de ser un “patriota”, Bolsonaro utilizó el poder para dividir a la sociedad, sembrar odio y erosionar la confianza en las urnas.

Su responsabilidad en la violencia política es directa: alentó a sus bases más radicalizadas, facilitó recursos y amparó a quienes diseñaron un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

Su gobierno ya había sido manchado por otros escándalos: negligencia criminal durante la pandemia, desprecio por el medio ambiente, corrupción en compras públicas y vínculos turbios con milicias armadas.

Con esta condena, Bolsonaro queda inhabilitado hasta 2030. Sus defensores hablan de persecución, pero la sentencia es clara: "no se trata de opiniones, sino de delitos probados".

Brasil, un país con la memoria aún fresca de la dictadura, envía así un mensaje contundente: "ningún líder, por más popular que sea, puede estar por encima de la Constitución".