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Avanza la investigación sobre la Estafa $LIBRA: levantan el secreto fiscal y bancario de Javier y Karina Milei

La jueza federal María Servini ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Javier Milei, su hermana Karina Milei, y otros involucrados en la causa que investiga una presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La medida judicial incluye también al empresario Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.



La decisión se conoció este sábado y representa un paso clave en la causa que se inició tras la denuncia de una maniobra fraudulenta que habría generado ganancias millonarias para un reducido grupo de personas cercanas al entorno presidencial.


La investigación se centra en determinar si hubo enriquecimiento indebido tras la suba artificial del valor de la criptomoneda $LIBRA, que pasó de U$S 0,01 a casi U$S 5 en cuestión de horas, luego de una publicación del presidente en la red social X. Según la denuncia, esa apreciación fue seguida por una venta masiva de tokens por parte de los propios desarrolladores y personas con acceso a información privilegiada, lo que habría generado un perjuicio millonario para miles de inversores minoristas.


Ante estos indicios, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a comienzos de abril que se accediera a los movimientos bancarios y fiscales de los acusados, así como a un análisis detallado de su evolución patrimonial desde 2023. La jueza Servini dio curso a ese pedido, y ordenó que el Banco Central informe sobre las operaciones realizadas por los imputados, incluyendo vínculos con entidades financieras y movimientos bursátiles.


Además, se requirió información a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, con el objetivo de identificar bienes que podrían haber sido obtenidos de forma irregular y avanzar sobre eventuales embargos.


La causa también suma una nueva denuncia contra Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, a quien se acusa de haber cobrado coimas a cambio de garantizar entrevistas con el mandatario. La presentación judicial la señala como presunta “valijera” del Gobierno, un calificativo que reaviva las críticas de la oposición sobre el nivel de concentración de poder en su figura y la opacidad con la que se manejan ciertos aspectos de la administración nacional.


Desde sectores opositores no tardaron en manifestarse. Legisladores y referentes políticos expresaron su preocupación por lo que consideran “una trama de corrupción institucionalizada en el círculo íntimo del Presidente”, y reclamaron que se avance con celeridad y sin interferencias. Algunos incluso señalaron que este caso refleja “una contradicción ética profunda” en un Gobierno que se presentó como adalid de la transparencia y la lucha contra la casta.

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