Arce volvió a denunciar a sectores golpistas y la oposición insistió en que hubo fraude en 2019

Gobierno y oposición volvieron a cruzar acusaciones hoy en un clima cada vez más tenso en Bolivia, con acusaciones de golpismo desde el oficialismo en boca del presidente Luis Arce y ante la Asamblea Legislativa, y la reiterada denuncia de fraude en las elecciones de 2019 -ya desestimada por la Justicia- desde el otro lado en una conferencia de prensa en la que se advirtió que el Ejecutivo hace “terrorismo de Estado”.

Arce habló ante los legisladores por el aniversario de la Independencia de Bolivia, en un discurso en el que destacó que la mejor manera que tiene Bolivia para crecer es con políticas que sirvan para “redistribuir y cerrando esas enormes brechas entre ricos y pobres”. Destacó además que los índices de crecimiento locales estuvieron entre los principales de la región entre 2006 y 2019, cuando “irrumpió la derecha para asaltar el Estado”. “En noviembre de 2019 nos arrebataron esos logros. La derecha boliviana irrumpió nuestro orden constitucional con el único objetivo de asaltar al Estado con fines particulares, retornando a los privilegios de clase y de satisfacción de las altas élites como antes del 2006”, lamentó Arce. Las insistentes referencias del mandatario al golpe contra Evo Morales generaron quejas y gritos de las bancadas opositoras, especialmente de las de Comunidad Ciudadana y Creemos, y tres veces el vicepresidente David Choquehuanca debió extremar esfuerzos para que la sesión pudiera continuar. “Golpistas, golpistas”, gritaba la representación del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y “fraude, fraude”, replicaba la oposición, mientras Arce procuraba seguir con su discurso. En la nueva sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Arce destacó los logros del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que había implementado Morales. El jefe de Estado destacó en ese aspecto el “crecimiento económico sostenido, acompañado de políticas sociales y productivas”, enumeró las tasas de cada año y se declaró “convencido” de que “la mejor manera de crecer, es redistribuir, cerrando esas enormes brechas entre ricos y pobres”. Pero al volver sobre el golpe del 2019, exigió “el procesamiento y la sanción de los autores, que deben responder ante la Justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la Constitución”. Por el caso están detenidos la exmandataria de facto Jeanine Áñez, varios de sus exministros y algunos jefes de las fuerzas militares, que obligaron a la renuncia de Morales, luego exiliado, primero en México y luego en Argentina. Arce resaltó el proceso de movilización que permitió el llamado a elecciones -que ganó el MAS- porque “sin el bloqueo nacional de caminos y la huelga general declaradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, sin resistencia y movilización, la democracia no se habría recuperado”. Según el jefe del Palacio Quemado, “los once meses del Gobierno de facto demostraron de manera clara y contundente los objetivos que tuvo el golpe de Estado: restituir la República colonial y volver a instaurar el fracasado modelo neoliberal”, reportó la agencia de noticias estatal ABI. La presencia de Arce ante los legisladores fue varias horas después de que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunciara que el Gobierno inició una nueva etapa de represión política instaurando el “terrorismo de Estado”. Fue un día después de que sectores opositores y los llamados Comités Cívicos debieron suspender una marcha en La Paz para protestar por el cierre de la causa por el denominado “caso fraude” de 2019 dispuesto por el Fiscal General y para reclamar lo que consideran la “persecución política” a algunos dirigentes, en referencia a los sindicados por la Justicia como actores centrales del golpe. Sí hubo manifestaciones ayer en Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, pero en La Paz se registraron choques con sectores cercanos al MAS, por lo que el Conade decidió no manifestarse. El Gobierno “ha reactivado sus grupos de choque de tipo paramilitar para reprimir a los defensores de la democracia”, denunció la organización, que lamentó que “en vez de convocar a la unidad para luchar contra la pandemia, la crisis económica y la corrupción en el sistema judicial” el Ejecutivo, “dirigido por Evo Morales, ha decidido instaurar en el país el terrorismo de Estado, típico de regímenes fascistas estalinistas”.