Régimen Penal Juvenil: la baja de punibilidad quedaría en 14 años y se definen detalles del financiamiento

El Ministerio de Economía nacional destrabaría la votación comprometiéndose a respaldar la inversión que ya tenían aprobada las provincias.

Aunque cedería en su intención inicial de reducir la edad de punibilidad a los 13 años, el Gobierno se encamina a obtener la media sanción de su proyecto de Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados . Aún no se conoce el texto final, pero el próximo martes se conformarían las comisiones claves, el miércoles se dictaminaría y el jueves se votaría en sesión . El peronismo, principal bloque opositor, tiene su postura dividida.

Por insistencia de sus aliados, La Libertad Avanza terminó acordando que la edad de punibilidad baje de 16 a 14 años . “Es una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa”, argumentan desde el PRO, donde calificaron que la propuesta inicial oficialista de convertir en sujetos punibles a jóvenes de 12 y 13 años “no tenía lógica y es un capricho”. Pero la intención del Gobierno no cuenta sólo con el respaldo de sus más cercanos: el entrerriano Guillermo Michel, referencia en Unión por la Patria , anticipó estar de acuerdo con la baja, aunque se plegaría a un proyecto de la bancada junto al sector del Frente Renovador. Este viernes habrá una reunión del bloque justicialista para definir la estrategia parlamentaria sobre este tema, que podría implicar dos propuestas distintas.

Ante ese camino allanado, el oficialismo concentra su atención en los detalles presupuestarios para que la iniciativa no quede en letra muerta. Las conversaciones entre diputados libertarios referentes y el Ministerio de Economía se aceleraron en las últimas 48 horas para determinar el contenido del proyecto, cuyo cambio sustancial con el dictaminado en el 2025 es justamente la precisión del origen de los fondos. Según pudo conocer Ámbito, no fueron respondidas las solicitudes de la oposición por un pedido de informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Nación se encargaría, entonces, de la diferencia que le implique a los distritos la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil con respecto a lo que ya tenían asignado para políticas de minoridad. Todavía no está determinada la definición técnica del grado de protagonismo que tendrá Economía sobre los operadores educativos y psicológicos de los jóvenes: se hablan de convenios provincia por provincia para costear a esos profesionales, aunque resta indicar los mecanismos de control de transparencia de cada acuerdo. Los supervisores de esos adolescentes en conflicto con la ley, que requieren -por sus antecedentes y trayectorias específicas, " se tomarán de la planta de empleados de la administración pública , asignándole un plus salarial", había planteado José Luis Espert, cuando presidía la Comisión de Presupuesto en Diputados. ¿Continuará siendo así?

Aunque la contemplación económica deberá ser importante, puesto que el déficit en infraestructura penitenciaria es histórico y federal. Según los datos abiertos del Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT), existen 100 establecimientos especializados para el Sistema Penal Juvenil en la Argentina. Buenos Aires cuenta con 37 de ellos y Santa Fe con 10: ninguna otra provincia supera el dígito y 17 de ellas no superan las tres unidades. Tierra del Fuego no cuenta con ninguna. El mismo organismo detalló que esos edificios "en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios. En su mayoría, se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”.

Otra referencia posible son los costos que implicaron los proyectos de infraestructura penal más recientes. Una de ellas es la cárcel Benjamín Paz , la primera que finalizó la provincia de Tucumán desde 1927 y para la que se destinaron $27.000 millones. Allí, aunque en un pabellón diferencial, ya se están alojando a menores de edad. Meses antes de que se inaugure esa unidad, Santa Fe anunció en 2025 que construiría una penitenciaría en Piñero, llamada sugestivamente "El Infierno" , por una inversión de $109.000 millones . Estos desembolsos contrastan con partidas del Presupuesto 2026, como las del Programa Políticas Alimentarias 2026 de la Secretaría de la Niñez ($ 67.104 millones) , las áreas de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales ($5.735 millones) o el trabajo en los hospitales Bonaparte y Carrillo juntos ($58.252 millones).

"Los libertarios impusieron un cronograma express de tratamiento del tema penal juvenil", planteó Germán Martínez , titular del bloque peronista, quien remarcó que se opuso "tajantemente a que un tema de esta profundidad se trate de esta manera". Sin embargo, el respaldo concreto de los oficialismos de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, más el acuerdo con el radicalismo y el PRO , trazan un panorama optimista para La Libertad Avanza, que detalla que pasaron 29 expositores entre 2024 y 2025, por lo que finalizó el período de debate del proyecto. El camino parece conducir, inevitablemente, al Senado de la Nación.