Más de 60 mediadores comunitarios egresaron tras completar su formación

Los egresados completaron una capacitación impulsada por la Secretaría de Justicia, en el marco de las políticas públicas que promueve el Gobierno de la Provincia para fortalecer la resolución pacífica de conflictos.

El acto de egreso correspondió a 63 Mediadores Comunitarios, quienes iniciaron su capacitación en abril de 2025 y completaron más de 180 horas cátedra de formación teórica y práctica. Los profesionales fueron capacitados en técnicas de mediación orientadas al abordaje de distintos tipos de conflictos, como disputas familiares, controversias laborales y problemáticas comunitarias, entre otros.

La formación tuvo como eje central el fortalecimiento de herramientas para la promoción del diálogo, la prevención de situaciones de violencia y la búsqueda de soluciones consensuadas, con el objetivo de que los nuevos mediadores puedan desempeñar un rol activo en sus comunidades y articular su labor con los distintos dispositivos institucionales de resolución de conflictos.

Al respecto, el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf , señaló que “el egreso de más de 60 mediadores representa una gestión concreta para la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos, que alivian el sistema judicial y promueven la paz social”.

La jornada de egreso coincidió además con la conmemoración del Día del Mediador Provincial, que se celebra cada 15 de diciembre en Salta, en reconocimiento a la tarea que realizan quienes trabajan cotidianamente en la búsqueda de consensos y acuerdos que contribuyan a resolver conflictos, promoviendo una cultura de la no violencia y la convivencia pacífica.

Cabe recordar que la mediación fue instituida en la Provincia de Salta en 2009 como trámite obligatorio previo al inicio de todo juicio, y sólo puede realizarse ante mediadores registrados y habilitados por la Dirección de Mediación. En ese marco, la provincia viene implementando este método alternativo de resolución de conflictos como política de Estado, tanto en el ámbito público como en el privado, a través de la Secretaría de Justicia.