Cómo es la trama detrás de la extorsión que terminó con la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

La Justicia develó audios que incriminan a los criminales. Hay al menos siete imputados en la causa.

La Justicia develó los entramados de de la banda extorsiva inculpada por la muerte del soldado en la Quinta de Olivos . “Buscá ‘estafados por Nahuel Conti’. Tengo más de un grupo con 100... 300 damnificados que son todos míos. Yo ‘puse’ a todos”. Con esa frase, uno de los miembros de la organización criminal celebraba la cantidad de personas que habían caído en la maniobra extorsiva.

La conversación quedó registrada en una escucha telefónica incorporada al expediente que instruye la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado .

La causa investiga la trama que llevó al suicidio de Rodrigo Andrés Gómez , el soldado d e 21 años que se quitó la vida en diciembre pasado en la Quinta presidencial de Olivos tras haber sido víctima de reiteradas amenazas y exigencias económicas.

La identidad usurpada de un policía

El nombre utilizado por los delincuentes fue el de Nahuel Conti , un oficial real de la Policía de la Ciudad cuya identidad fue suplantada para dar credibilidad a la maniobra.

Las víctimas creían estar siendo presionadas por un uniformado. Gómez nunca supo que detrás de las amenazas se encontraban internos alojados en la cárcel de Magdalena , dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) .

En la carta manuscrita que dejó antes de morir, el joven hizo alusión a “policías corruptos” , convencido de que eran agentes reales quienes lo extorsionaban.

“En la carta, el soldado hacía referencias a problemas económicos causados por unos ‘policías corruptos’ que lo extorsionaban. Finalmente se supo que los extorsionadores no eran policías, sino estafadores que habían usurpado la identidad de un oficial de la Policía de la Ciudad”, explicó a La Nación uno de los investigadores del caso.

La “pyme del delito” y el audio del terror

La organización operaba a través de perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas. Gómez creyó que conversaba con una joven llamada “Julieta” en la app Evermatch , pero se trataba de un perfil creado por la banda, que la Justicia describió como una verdadera “pyme del delito” .

Tras los primeros intercambios, la charla se trasladaba a WhatsApp . Luego llegaba lo que los propios delincuentes denominaban “el audio del terror” : un mensaje de voz de una supuesta madre que acusaba a la víctima de haberse involucrado con una menor de edad.

El siguiente paso era la aparición de un falso policía que ofrecía “cajonear” la denuncia judicial a cambio de dinero.

En redes sociales existen grupos llamados “estafados por Nahuel Conti”, donde múltiples víctimas relataron situaciones similares.

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del SPB”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , durante una conferencia de prensa.

La reconstrucción de los hechos

Según reconstruyó la investigación, Gómez transfirió $1.400.000 en poco más de una hora. “La extorsión fue por 1.400.000 pesos, mucho dinero para él”, señaló uno de los detectives.

El 15 de diciembre, al mediodía, el soldado recibió llamados que inicialmente no atendió. A las 17.34 se concretó una comunicación de diez minutos con una línea radicada en La Plata . Minutos después envió el comprobante de una transferencia por $213.000 .

Antes de las 18 realizó otra operación por $400.000 y a las 18.38 transfirió $500.000 adicionales. Ya en la madrugada del día siguiente, cuando el joven había fallecido tras dispararse con su fusil en su puesto de guardia, los delincuentes enviaron un mensaje que decía: “No veo el comprobante”. Entre las 9.05 y las 9.22 efectuaron otras tres llamadas.

Cómo continúa la investigación

La causa tiene siete acusados. Entre ellos figuran Tomás Francavilla y Mauricio José Duarte , considerados los jefes de la organización. Ambos estaban detenidos en Magdalena y fueron trasladados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) .

También fue imputado Kevin Sandoval , alojado en la cárcel de Lisandro Olmos , y cuatro mujeres señaladas como receptoras del dinero en billeteras virtuales.

“Gracias al trabajo estratégicamente coordinado ­entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal, hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no es un hecho que quedará impune”, sostuvo la jueza Arroyo Salgado .

La ministra Monteoliva fue categórica: “Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.

La investigación continúa para determinar responsabilidades penales y establecer el alcance total de una red que, según surge de las escuchas, acumulaba centenares de víctimas antes de que el caso del soldado revelara su funcionamiento.