Cafayate: Ofrecieron reparar el daño y accedieron a una salida alternativa

Se trata de dos hombres acusados de sustraer herramientas y materiales de una obra en construcción en San Carlos. Un tercer implicado fue señalado por colaborar en el ocultamiento de los bienes que luego fueron recuperados durante la investigación.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas , representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de suspensión de juicio a prueba, donde se resolvió otorgar ese beneficio a tres hombres de 23, 30 y 43 años imputados por un hecho de robo y encubrimiento ocurrido en San Carlos.

En el marco de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, la causa avanzó en un corto plazo y permitió arribar a una salida alternativa poco más de dos semanas después de ocurrido el hecho.

La investigación se inició por un robo ocurrido entre la tarde del 26 y la mañana del 27 de abril en una obra en construcción ubicada en el paraje El Barrial, sobre la ruta provincial 10, a unos 300 metros de la gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en San Carlos.

El damnificado había dejado resguardadas herramientas y materiales de trabajo en un depósito de adobe cerrado con cadena y candado. Al regresar al lugar, encontró el acceso violentado y constató la sustracción de una hormigonera, una amoladora, cables, baldes y herramientas de mano, entre otros elementos.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Brigada de Investigaciones se logró identificar a dos sospechosos que habían sido vistos en la zona antes del hecho.

Durante el procedimiento, uno de los acusados indicó de manera espontánea dónde se encontraban los bienes sustraídos. Los elementos fueron recuperados en una vivienda de la localidad de Animaná, donde algunos habían sido ocultados en el fondo del inmueble e incluso parcialmente enterrados.

El tercer implicado, fue acusado por encubrimiento, al considerar que tenía conocimiento del origen ilícito de los bienes y colaboró en su ocultamiento.

Explicó la fiscal Sandra Rojas que, en virtud de la expectativa de pena prevista para los delitos investigados y del ofrecimiento realizado por los imputados para reparar el daño ocasionado mediante aportes económicos destinados a una institución deportiva de Cafayate, se acordó la suspensión de juicio a prueba, una salida alternativa prevista por la legislación penal para determinados casos. La medida implica la suspensión del proceso por el plazo de un año, período durante el cual los acusados deberán cumplir distintas reglas de conducta para mantener el beneficio.

La jueza María Virginia Toranzos, dispuso también la revocación de la prisión preventiva de los dos principales acusados y su inmediata libertad.