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Se pronuncian por la necesidad de instrumentar fiscalías ambientales

Fiscales y auxiliares forenses de los distintos Ministerios Públicos de Argentina, reunidos en Santa Fe, se pronunciaron sobre la urgente necesidad de instrumentar fiscalías especializadas en el abordaje de conflictos ambientales. Salta, donde ya existe un proyecto con media sanción para la creación de Fiscalías Ambientales, tuvo una participación activa en dichas jornadas.



El encuentro, denominado “Pericia Ambientales en el marco de Ciencia y Justicia”, fue presidido por el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien declaró de interés del Ministerio Público que preside las jornadas.


Asimismo destacó que el evento fue co-organizada con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y el Ministerio Público de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


De la jornadas participación distintos expertos en materia ambiental en la órbita nacional, entre ellos Luciano J. Merini, Ana Andrea Audisio, Jorge Herkovits, Adonis Giorgi, Germán Stalker. En representación del Ministerio Público de Salta, en tanto, participó Sebastián Lloret, Secretario Relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos de la Procuración General.


Durante el encuentro, del cual participaron más de veinte fiscales y auxiliares forenses de los distintos Ministerios Públicos del país, se abordaron distintas temáticas de la materia, entre ellas “Conceptos generales”, “Marco jurídico”, “Salud y medio ambiente” y “contaminación del aire y agua”,entre otros.


En los talleres y espacios de participación, los participantes discutieron y coincidieron en resaltar la necesidad de que en el país se instrumenten fiscalías especializadas que puedan abordar los conflictos ambientales de manera integral.


Al respecto, Lloret, quien expuso sobre la temática de Marco Jurídico, indicó que de las distintas exposiciones y discusiones quedó claro que a través de las fiscalías ambientales, la justicia podría atender los problemas civiles, penales y contenciosos administrativos que estén vinculados en esta clase de conflictos. “De esta manera se podría brindar una mayor seguridad socio ambiental a los ciudadanos”, sostuvo.


Asimismo, destacó que a partir de la instrumentación de las fiscalías ambientales, se podrían obtener protocolos comunes de abordaje del diagnóstico, peritaje y valoración científico-técnica de los casos ambientales, como así también robustecer una red de colaboración entre todos los organismos fiscales dedicados a la cuestión ambiental.


Ademas, se resaltaron los resultados que trajeron en una primera etapa la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) federal, la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía de Investigaciones Rurales y Ambientales (FIRA) de Corrientes y las fiscalias integrales de Jujuy en proceso de implementarse.


Media sanción

En nuestra provincia, cabe recordar que en noviembre del año pasado, la Cámara de Senadores trató y otorgó media sanción a un proyecto para la instrumentación en Salta de Fiscalías Penales Ambientales. El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Roberto Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy.


La propuesta recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas,entre muchas otras. El proyecto aprobado tiene dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.


Por un lado, el fiscal deberá abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Estos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.

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