Reforma laboral: modernización que empuja a la flexibilización —los derechos que se pierden

El proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei, se vende como modernización, pero en los hechos introduce topes, convierte partes del salario en conceptos no contributivos y abre la puerta a seguros privados de cese que debilitan reparaciones por despido.

El proyecto de reforma laboral que el gobierno impulsa a través del Consejo de Mayo plantea cambios fundamentales en las relaciones de trabajo que, de aprobarse, implicarían un retroceso de derechos que hasta ahora los asalariados tenían garantizados.

Hoy, bajo la normativa vigente de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y otros instrumentos, los trabajadores cuentan con indemnización por despido equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, vacaciones continuas, salario íntegramente remunerativo e integrador para cálculos indemnizatorios, estabilidad jurídica razonable y convenciones colectivas que operan por analogía cuando procede. La reforma, en cambio, reduce estos estándares.

Por ejemplo, la indemnización por despido sin causa mantiene la regla de un mes por año, pero introduce un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo. Esto debilita la garantía que antes tenía el trabajador de recibir una reparación integral proporcional al vínculo laboral. Además, se habilita que se sustituya el régimen tradicional por un fondo de cese laboral o seguro privado, con aportes del empleador y/o empleado, lo que abre la puerta a negociaciones por debajo del estándar legal.

Otro aspecto crítico es la ampliación de la facultad del empleador para modificar condiciones de trabajo (“ius variandi”). El borrador autoriza al empleador a cambiar modalidad o forma de prestación siempre que sea “razonable”, limitando el derecho del trabajador a oponerse y a reclamar sin quedar expuesto al despido sin causa. En la normativa actual la alteración de condiciones esenciales del contrato exige que no haya perjuicio material o moral para el trabajador. La reforma reduce esta protección.

En materia de salarios, se propone integrar al salario beneficios no remunerativos —por ejemplo comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— con exención de aportes y un tope del 10 % del salario. Mientras que antes todo monto integrativo del salario se computaba para aportes, cargas sociales y cálculos indemnizatorios, ahora se crea una categoría que reduce la base contributiva y de protección social.

Vacaciones y jornada también se flexibilizan. El proyecto permitirá que las vacaciones se fraccionen, que se distribuyan fuera del período habitual mediante acuerdo, y que se implemente un banco de horas que compensa horas extras con promedios semanales. Actualmente los trabajadores tienen derecho a que sus vacaciones sean continuas y a que las horas extras sean pagadas como tal, sin que su compensación quede sujeta a promedios no favorables.

En caso de enfermedad o accidente “inculpable”, la reforma reduce la prestación al 80 % del salario y de carácter no remunerativo, condicionando además con certificados digitales. Esto contrasta con el régimen previo, que permitía prestaciones más amplias y con carácter remunerativo, que integraban la base de cálculo para indemnizaciones y aportes.

Finalmente, en cuanto al derecho de huelga, el texto extiende la lista de servicios “esenciales” en los que se restringe la huelga: salud, educación, energía, transporte, telecomunicaciones, aduanas, alimentación y medios. Con ello, el poder de negociación colectivo se ve recortado y la capacidad de movilización sindical se debilita. En resumen, la reforma propuesta pretende modernizar el marco laboral para reducir la informalidad, según se señala. Pero lo que en la práctica parece operar es un cambio de equilibrio en favor del empleador, mientras que el trabajador pierde protecciones que había adquirido. Los derechos que hoy están consolidados —indemnización plena, salario íntegro computable, vacaciones protegidas, estabilidad jurídica y negociación colectiva fuerte— se ven desplazados por mecanismos que abren la puerta a una flexibilización intensa, con topes, sustituciones por fondos privados y categorías de salario que integran cada vez menos.

La pregunta clave es: ¿esa “modernización” moderniza el trabajo o desvaloriza al trabajador? También conviene que la ciudadanía y los gremios analicen si el precio de formalizar empleo es resignar lo que hoy ya se tiene.