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Prisión preventiva para un imputado por una red de trata y explotación sexual en Salta

Un juez federal ordenó la prisión preventiva de un hombre acusado de integrar una banda de trata de personas en Salta, desbaratada en julio pasado, por una investigación en la que ya hay otros tres imputados, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, dio por la legalizada la detención de Gonzalo Aarón Pacheco, un nuevo imputado en la causa que desde mayo pasado investiga el fiscal federal Ricardo Toranzos, sobre una red de trata de personas que operaba en Salta. El magistrado, que coincidió con los argumentos esgrimidos por la Fiscalía e hizo lugar al pedido de prisión preventiva para Pacheco, detenido en Córdoba, también dio por formalizada la acusación por el delito de trata de personas agravado por el número de intervinientes. Asimismo, dispuso un plazo de investigación de 39 días y la realización de diversas medidas procesales, entre ellas peritajes de elementos secuestrados al acusado al ser detenido. De esta manera, el caso sumó un nuevo imputado, ya que el 22 de julio pasado se formalizó la acusación contra dos mujeres y un hombre. Los voceros explicaron que, con la detención e imputación de Pacheco, la acusación se vio aún más fortalecida, pues se obtuvieron pruebas respecto a los dividendos que le dejaba a esta organización la red de trata que habían montado a partir de la captación de jóvenes mujeres y su posterior explotación sexual con clientes contactados a través de un sitio web. Al presentar el caso, Toranzos indicó que el pedido de detención de Pacheco surgió de la investigación que lleva adelante el Área de Casos Complejos. La pesquisa se inició el 22 de mayo pasado, cuando dos mujeres denunciaron que a través de avisos de trabajo en la red social Facebook se captaba a jóvenes que luego eran explotadas sexualmente. Una de las denunciantes respondió a la publicación realizada desde el perfil “Luciana Chocobar”, por la cual se requería “chicas de 18 a 25 años”, e indicó que, luego de una conversación por chat, le informaron que el trabajo consistía en el servicio de sexo por dinero, conocido como “escort”. A partir de estas denuncias se desarrolló una primera etapa de investigación, en la cual se utilizó la figura del “agente revelador”, que permitió la detención de dos mujeres y un hombre, quienes dirigían el “negocio” en Salta y en provincias vecinas. Se pudo establecer que los acusados, mediante servicios que presentaban como “spa”, ofertaban servicios sexuales a través de un conocido sitio de encuentros para adultos, que se concretaban en distintos departamentos del centro de Salta. El fiscal señaló que, según la categoría del servicio, los precios rondaban entre los 800 y 1.500 pesos, de lo que el 50% debía ser entregado a los imputados. Como resultado de numerosos allanamientos, la fiscalía logró secuestrar 19 teléfonos celulares, más de 90 mil pesos, lencería erótica y fotografías que les tomaban a las víctimas para luego ofertarlas vía web. A ello, se sumaron declaraciones testimoniales y otros detalles respecto a cómo se llevaba adelante la captación de las jóvenes, tanto en la capital salteña como en provincias vecinas, y a partir de los procedimientos requeridos por la fiscalía, se logró rescatar a siete víctimas de este accionar. El acusado tenía una cuenta de Mercado Pago en la cual se detectaron movimientos por unos 700 mil pesos, entre ellos depósitos de otros imputados y de una de las víctimas. Al avanzar con la investigación, y en vista del secuestro de dos dispositivos de pago electrónico, se pudo identificar una cuenta de la plataforma de cobros Mercado Pago, cuyo titular era Pacheco y registraba un movimiento de más de 700 mil pesos, en concepto de crédito o débito. El fiscal señaló que, de los movimientos de la cuenta de Mercado Pago, se pudo establecer pagos al sitio web de “encuentros sexuales” utilizado para ofertar a las jóvenes que captaba la organización, tanto en Salta como en otras provincias. Para despejar dudas respecto al rol del nuevo imputado, Toranzos presentó pruebas obtenidas a partir de documentación remitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que informó que Pacheco no presenta una relación formal de trabajo ni tampoco movimiento comercial que permitan justificar el movimiento de dinero mencionado.

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