Roxana Belbruno y Serge Goujon residen en barrio Mi refugio, de San Luis, donde murieron numerosos animales como consecuencia de la “siembra” del agrotóxico Carbofurán. Fueron recibidos este martes por el procurador general Abel Cornejo, quien escuchó atentamente la crónica de los hechos y la posición de ambos sobre los delitos que se investigan.
Belbruno calificó como “altamente fructífera” la reunión con el Procurador, porque pudo exponer su visión sobre la problemática ecológica generada a partir del envenenamiento de animales, y que según su criterio, requiere del abordaje como daño ambiental y no solo como maltrato animal.
Lo hizo al referirse al caso por el cual están imputados Roberto Flores y Sebastián Saravia Zenteno por maltrato y actos de crueldad contra animales. El primero también fue imputado por amenazas en concurso real.
“Pude hacer una exposición extensa y detallada sobre las consecuencias del veneno en el ambiente y destacar la labor del fiscal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, quien supo explotar en la investigación lo señalado”, afirmó Roxana Belbruno, quien anunció que acompañarán a través de una adhesión formal, la apelación interpuesta por la Fiscalía a la libertad otorgada a los imputados por parte del Juez de Garantías interviniente.
Es que el martes 12, el fiscal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal interpuso un recurso de apelación contra la resolución que el 8 de noviembre pasado dispuso ordenar la libertad de los imputados Roberto Flores y Sebastián Saravia Zenteno. Portal pidió que se revoque dicha resolución y se deje sin efecto la concesión del beneficio de la libertad. Mencionó que el juez interviniente “ha entorpecido la labor de este Ministerio Fiscal y ha generado con mayor intensidad el riesgo procesal”.
Y recordó el fiscal que en barrio El Refugio, sobre ruta provincial 87, donde residen unas 60 familias, los imputados “al arrojar sobre una extensión del terreno que bordea la finca donde realizan su actividad de lucro, trozos de carne conteniendo Carbofurán, ocasionaron un daño a la comunidad”.
Al término del encuentro, Belbruno agradeció al Procurador por “abrir las puertas a los ciudadanos” y permitir que se ofrezcan todos los detalles del caso relevados por los protagonistas, ya que “las consecuencias ambientales todavía no fueron consideradas en su magnitud por los organismos estatales que deben evaluar dicho daño”, sentenció.
Mientras tanto, la Fiscalía sigue adelante con distintas medidas cuyos elementos probatorios permitirían agravar la calificación que pesa sobre ambos imputados.
