El Senado de Salta convirtió en la tarde de este jueves, en ley un proyecto que establece que el Poder Ejecutivo provincial tomará a su cargo toda facturación o arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución de plasma de convaleciente para el tratamiento del coronavirus, tras las investigaciones iniciadas en la justicia provincial por este tema, en el que dos médicos ya fueron imputados.
“Este es un proyecto de ley que viene desde la Cámara de Diputados, en revisión, a raíz de algunos inconvenientes que han surgido con el tema del cobro de aranceles u honorarios en las clínicas y sanatorios privados, para la transfusión o aplicación del plasma rico en anticuerpos Covid de aquellos pacientes que tuvieron la enfermedad y donaron este hemoderivado”, expresó el senador Manuel Pailler. El legislador, que es médico, explicó que la iniciativa sancionada hoy “tiene por objeto prohibir en toda la provincia cualquier facturación o arancel de los centros de hemoderivados o hemoterapia pertenecientes al sector privado, para cualquier práctica, ya sea extracción o transfusión de plasma de convaleciente Covid-19”. “Sabemos que esta enfermedad es nueva y ha sorprendido y paralizado al mundo, por lo que estamos atravesando una situación financiera y económica bastante difícil. Entonces no puede ser que algunos sectores se beneficien cobrando un arancel cuando sabemos que tanto la donación de sangre como la donación de plasma es un acto solidario, voluntario y gratuito”, detalló Pailler. Además, el senador explicó que es el sistema de Salud Pública el que realiza “la extracción, la producción y el acondicionamiento del plasma”, y recodó que “algunos centros privados facturaban $30.000 en conceptos de gastos de transfusión”. En este contexto, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, Leandro Flores, imputó al médico Martín de la Arena, por tentativa de fraude a la administración pública en dos hechos, en perjuicio del Estado Provincial, y autor de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. En otra causa, pero también relacionada a la investigación de la supuesta venta de plasma de convaleciente para pacientes de coronavirus, la directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Betina Saracino, fue imputada el 8 de octubre pasado, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.
