La Cámara Civil de Salta ratifica las actuaciones ambientales de dos Fiscalías

El Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, se notificó la última semana de dos fallos de las Salas Segunda y Cuarta de la Cámara Civil donde había sostenido las actuaciones de las Fiscales Rosa Graciela Vélez Román y Marcela de los Ángeles Fernández.

El primer caso corresponde al trámite del juicio por un desmonte clandestino de alrededor de 11 mil hectáreas realizado por los señores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen. El 20 de setiembre del 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debe abarcar toda la finca y se extendería por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y comunidades de la zona. Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal Civil de Tartagal Vélez Román requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal a cargo de la jueza Viviana Yance, intimándolos a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Contra ello, los señores Karlen interpusieron una nulidad que primero fue rechazada por el Juzgado y recientemente hizo lo propio la Sala Segunda, con voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.

El segundo caso corresponde a un acuerdo logrado por la fiscal Civil de Orán Fernández con las empresas Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L. (Ingenio Tabacal), Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A. por un conflicto derivado de la construcción de un terraplén que atraviesa de lado a lado el Río Blanco. Este montículo está destinado al cruce de las aguas captadas del Rio Pescado y fue históricamente autorizado por concesiones a perpetuidad correspondientes a la captación de agua destinada al riego de sus plantaciones agrícolas como caña de azúcar y otras dadas por la Secretaría de Recursos Hídricos. En el fallo de la jueza María Isabel Romero Lorenzo y el juez José Gerardo Ruiz, se evaluó esencialmente la fijación de un caudal ecológico para cada río, tratando de evitar que las obras no interrumpan y supriman su cauce, con informes de auditoría presentados tanto por la consultora ambiental “Pacha” de las empresas, el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Área de Ambiente del D.T.C./C.I.F. El fallo de primera instancia de la jueza Civil de Orán, María Eugenia Fernández de Ulivarri, fijó como meta interina un caudal ecológico mínimo permanente y precautorio, sin sistemas de devolución, para el Río Blanco de 2,6 m3/seg. y para el rio Pescado de 4.00 m3/seg., lo cual la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial dejó firme.

Oportunamente el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó en cada trámite ratificaciones técnico jurídicas de las presentaciones de las Fiscales antes las salas de Cámara, elaboradas en la Relatoría Ambiental Fiscal a cargo del Dr. Juan Sebastián Lloret, que fundamentaron los argumentos de las sentencias confirmatorias.