Investigan surgencia contaminante en área operada por President Petroleum S.A.

En el expediente penal se documentó que la contaminación ambiental se habría originado en un pozo petrolero operado por la empresa President Petroleum S.A., el cual presentaría una surgencia activa de gases y líquidos contaminantes, afectando suelos, vegetación, fauna local y eventualmente acuíferos.

En el marco de la audiencia convocada por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Orán, la fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, Marcela de los Ángeles Fernández, se constituyó como actora civil en el proceso penal a fin de reclamar la recomposición de los daños ambientales detectados en el área de explotación hidrocarburífera conocida como “Loma de Olmedo X-10”, ubicada en el Departamento Orán, Provincia de Salta. De la audiencia participaron también, en representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes; el secretario relator especializado en Medio Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General de la Provincia, Sebastián Lloret; y el responsable del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), José Manzano.

En este contexto, se requirió la realización de prueba pericial anticipada, medida fundamental para preservar la evidencia ambiental y obtener una valoración precisa del daño ocasionado, así como para determinar las acciones necesarias para su reparación. Para ello, se pidió la autorización para que el equipo interdisciplinario del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) lleve a cabo el reconocimiento judicial del lugar de los hechos y elabore el dictamen técnico correspondiente. Asimismo, ante la eventualidad de que el CIF no cuente con el personal especializado necesario para dicha prueba, se propuso la convocatoria de profesionales provenientes de universidades o instituciones científicas de reconocida solvencia y prestigio, garantizando así la correcta realización del dictamen pericial.

La Fiscalía se reserva expresamente el derecho a ampliar y complementar el ofrecimiento probatorio durante el desarrollo del proceso, con el fin de incorporar nuevos elementos que fortalezcan la acción civil y aseguren una respuesta integral y adecuada frente al daño ambiental denunciado.

Finalmente, se citó al Estado provincial a intervenir como tercero en la acción ambiental.

En su presentación, la Fiscal recordó que el daño ambiental es considerado en las Ley Ambiental como una afectación a la sociedad, por lo que en este contexto, es de interés general y colectivo.

La acción penal

En tanto, en el marco de la audiencias multipropósito celebrada desde el pasado 27 de mayo en el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación de Orán, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, requirió a la empresa President Petroleum S.A. y a la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia que informen y acrediten en forma fehaciente la existencia de la póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).

Este seguro constituye un instrumento legal indispensable para prevenir y responder frente a eventuales daños socioambientales derivados de actividades riesgosas, como la explotación de hidrocarburos. Dicha obligación está contemplada en la legislación nacional y en las reglamentaciones emitidas por la Superintendencia de Seguros y la Secretaría de Ambiente de la Nación.

En la audiencia de ayer, ante la consulta fiscal, la empresa manifestó contar con un “Seguro Técnico de Energía” emitido por Federación Patronal Seguros. Sin embargo, a entendimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, este instrumento no cubriría los riesgos ni respondería al objeto exigido por el SAO.

La Fiscalía considera inadmisible que, tratándose de una empresa dedicada a una de las actividades con mayor impacto potencial sobre el ambiente y la salud pública, no se haya acreditado hasta la fecha un seguro específico que garantice la reparación de los daños causados al entorno y a la comunidad. La responsabilidad empresarial no puede limitarse al lucro: debe estar acompañada por mecanismos concretos que aseguren la protección del interés colectivo.

Cabe destacar  que desde el año 2009, la Provincia de Salta cuenta con la Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejo de Riesgos y Seguros Ambientales (UPISMA), creada para promover una cultura de prevención, responsabilidad y cobertura frente a los daños ambientales. El Ministerio Público Fiscal respalda firmemente esa visión y continuará impulsando todas las medidas necesarias para que las empresas cumplan con los estándares legales y ambientales exigibles.