Estafas procesales: Piden frenar ejecuciones para evitar perjuicios irreparables

Desde la UDEC se informó al Juzgado de Procesos Ejecutivos N.° 4 sobre avances en una investigación por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada. Asimismo, se solicitó evaluar medidas urgentes para resguardar el patrimonio de los eventuales damnificados y preservar la regularidad del proceso.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, informó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos N.° 4 sobre avances en una investigación que lleva adelante por presuntas estafas procesales, falsificación de instrumentos privados, abuso de firma en blanco y usura agravada.

La Fiscalía advirtió, además, sobre el riesgo concreto de que la continuidad de medidas de ejecución patrimonial —como embargos, libramientos de fondos, transferencias o pagos judiciales— genere perjuicios de difícil o imposible reparación.

En ese marco, puso en conocimiento el estado actual de la causa y solicitó que se evalúe la adopción urgente de medidas preventivas o conservatorias en los procesos ejecutivos vinculados, con el objetivo de resguardar el patrimonio de los eventuales damnificados, preservar la regularidad del proceso y evitar la consolidación de maniobras ilícitas mientras se esclarecen los hechos en sede penal.

La causa, que se inició a partir de denuncias de juzgados civiles, tiene como imputados a un abogado del fuero local y a quien sería su empleada por los presuntos delitos de estafas procesales reiteradas (28 hechos), en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (18 hechos); estafas procesales reiteradas en concurso ideal con el delito de abuso de firma en blanco (31 hechos) y usura agravada.

De las medidas investigativas surgieron indicios de una posible maniobra sistemática que incluiría la utilización de domicilios inexistentes, deshabitados o ajenos a los demandados, lo que habría impedido notificaciones efectivas y afectado el derecho de defensa. También se analizan irregularidades en la documentación, como firmas en blanco e instrumentos cuya autenticidad está cuestionada, junto con una presunta reiteración de prácticas vinculadas a la usura.