El Observatorio promueve propuestas que alientan cambios en la administración de justicia

Se llevó adelante la primera reunión del Observatorio de Justicia de Salta, donde representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, plantearon necesidades y propuestas para el fortalecimiento institucional de la justicia.

El Observatorio de Justicia de Salta tuvo su primera reunión; en ella, representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil plantearon necesidades y propuestas para el fortalecimiento institucional de la justicia.

La actividad estuvo encabezada por el Secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflicto, Diego Pérez, quien informó que en esta primera reunión buscan conocer las diferentes miradas y propuestas para así continuar con la elaboración de comisiones de estudio y trabajo.

“Los salteños nos debíamos la posibilidad de este espacio de diálogo que nos permite recabar toda la información posible a fin de poder estudiarla y compartirla, y a partir de ahí elaborar una recomendación en materia de justicia”, finalizó, Diego Pérez.

Por su parte Susana Aramayo, representante de la CGT Regional Salta, manifestó, “la administración de justicia es una misión sagrada que tiene el estado, porque es el último bastión donde se refugia la justicia, por eso necesitamos que sea tratada como un servicio público cercano a la gente”.

En tanto que Raúl Córdoba, integrante de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad, expresó, “esta intención de generar un observatorio es un paso muy importante para nosotros como familiares de víctimas, ya que está enfocado directamente al funcionamiento de la justicia”.

El Observatorio de Justicia tiene como finalidad propiciar cambios en la administración de justicia en aquellas áreas que tengan especial incidencia en los sectores más vulnerables de la sociedad y proponer modelos de gestión que tiendan a transparentar el funcionamiento del sistema judicial y elaborar propuesta y espacios de diálogo interinstitucional. Así también propiciar espacios profesionales de debate, análisis y propuesta de políticas públicas que generen el acceso de la comunidad a la justicia de manera más rápida y eficiente, trabajando de forma integral y mancomunada entre diferentes sectores sociales.