Disponen medidas precautorias para proteger a médica salteña "hostigada por cumplir la ley de IVE"

Una jueza salteña intimó a un exdiputado provincial y comunicador a que se abstenga de ejercer actos de violencia psicológica en medios de comunicación, redes sociales y cualquier otro medio, que afecten la libre elección, la dignidad y la imagen de una médica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), de Salta, hostigada por cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Fuentes judiciales informaron hoy que la jueza subrogante de Violencia Familiar y de Género 2, Gisela Centeno, resolvió intimar al exdiputado provincial y comunicador social Andrés Suriani de ejercer actos de violencia psicológica en medios de comunicación masiva, redes sociales -vía telefónica, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, etc- y o cualquier otro medio que afecten la libre elección, dignidad y la imagen de la denunciante. Esto, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitir las actuaciones a la justicia penal, señalaron los voceros. “Por fin salió la sentencia. Tuvo que haber un cambio de jueza para poder contar con la medida cautelar que tendría que haber salido hace más de un mes”, expresó a Télam la abogada Laura Torrez, que representa a la médica, que se desempeña como obstetra en el HPMI, hostigada a través de las redes sociales por cumplir con la Ley IVE. La letrada indicó que le “gusta de la sentencia que reconoce que existió violencia mediática contra mi clienta, que es una médica garantista, y que también existió violencia psicológica, se afectó el derecho al honor, a la imagen y a una vida libre de violencias”. “Lo bueno de este tipo de fallos es que además de proteger a las personas que garantizan los derechos, ayudan con un efecto simbólico hacia la sociedad y los antiderechos, que arengan a las personas a creer que incumplir las leyes es un acto patriota, cuando en realidad es un delito”, dijo, y agregó: “para eso están las normas”. La jueza también exhortó al denunciado a la estricta observancia de la normativa vigente en materia de violencia de género, la Ley Nacional 26485, la Ley Provincial 7888 y las Convenciones sobre Derechos de las Mujeres que gozan de rango constitucional. “También reconozco que me hubiera gustado que el fallo sea una manda judicial más que un exhorto a capacitarse a Suriani”, acotó la profesional, quien advirtió: “entiendo también que este tipo de normativa sobre la violencia de género no tiene efectos sancionatorios sino únicamente preventivos y educativos”. Torrez aseguró estar “conforme” con lo resuelto por Centeno, porque “a pesar del descargo que ejerció el demandado, se tuvo en cuenta la vulneración que como mujer y médica garantista sufrió mi defendida, en la boca de este hombre antiderechos”. La denuncia se originó a fines de marzo, luego de que el exlegislador, a través de su celular y usando la red social Whatsapp, publicara en sus grupos una imagen de la víctima con la leyenda: “Vamos conociendo el rostro de los sicarios que hacen abortos en Salta”. Esto derivó en la réplica de la publicación en distintas cuentas antiderechos de la red social Facebook, donde incluso se colocó el cartel de "buscada" en contra de la médica, además de menciones en el programa televisivo del denunciado.