La Policía de Salta enfrenta un escándalo de proporciones insospechadas tras la presentación de una denuncia que apunta directamente a la cúpula de la Unidad Regional Nº8.
Según el relato de varios efectivos del Destacamento Rivadavia Banda Sur, los altos mandos de esta unidad, encabezados por el Comisario General Ernesto Mariano Velázquez y su segundo al mando, el Comisario Mayor Cristian Chaile Maldonado, habrían utilizado su poder no solo para encubrir graves delitos, sino también para someter a las mujeres del cuerpo policial a demandas sexuales.
La denuncia, de una gravedad impactante, detalla cómo estos comisarios obligaban a las mujeres policías a acceder a favores sexuales bajo amenaza de represalias, incluyendo traslados forzosos y sanciones arbitrarias.
En la lista incluyen robo, sobornos, tráfico de drogas y mercancías, cohecho, e inconducta de los directores. Los denunciantes acusan a Velázquez y Chaile Maldonado de conocer y proteger a efectivos que, bajo el pretexto de realizar allanamientos, se apoderaban de pertenencias de los bagayeros, las cuales posteriormente eran vendidas de manera ilegal. Entre los elementos robados figuran hojas de coca, neumáticos y carne de animales cuatreriados.
Uno de los puntos más perturbadores de la denuncia es la acusación de que estos actos delictivos se extendieron al tráfico de sustancias prohibidas, con la presunta complicidad de los directores. Además, se denunció que efectivos del Puesto Santa Rosa fueron sorprendidos durmiendo en horario de trabajo, y uno de ellos fue hallado en una situación comprometedora con detenidos, sin remera y en pantalón corto, alegando que estaba haciendo ejercicio en horas de la madrugada.
Otro de los hechos señalados es que algunos efectivos policiales gozaban de impunidad total, sin ser trasladados ni enfrentarse a causas penales, a pesar de haber facilitado la evasión de delitos. Estos privilegios, según se denuncia, eran otorgados en agradecimiento a obsequios de cabritos y lechones que los efectivos habrían entregado a los directores. También se señaló que ciertos policías no se presentaban a trabajar con la autorización de los acusados, porque le organizaban asados para ellos.
Los relatos también describen cómo, en reiteradas ocasiones, los comisarios utilizaban vehículos oficiales, como el móvil Nº2226, para fines personales, dejando desprotegidas áreas conflictivas. Este móvil era usado, incluso, para trasladar a mujeres y/o amantes con quienes los oficiales mantenían relaciones íntimas, lo que ha generado una profunda indignación entre el personal policial.
El informe que pudo acceder HolaSalta Noticias, menciona también que los comisarios sancionaban y trasladaban a aquellos efectivos que se negaban a cumplir con sus demandas, asegurándose de que los que los obedecían evitaran cualquier tipo de penalización. Esta situación creó un clima de temor y represión entre el personal de la unidad, que solo se agravó con el tiempo.
Los denunciantes, que prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que cualquier intento de resistir a las demandas de los superiores resultaba en castigos severos, incluyendo arrestos, suspensiones y traslados injustificados.
Ante la magnitud de las acusaciones, el Ministerio Público Fiscal de Salta, liderado por el procurador general Pedro García Castiella, ha creado una Unidad Fiscal Especial para investigar los hechos. Los fiscales Claudia Carreras y Carlos Alberto Salinas, encargados de la pesquisa, ya han comenzado a tomar medidas para corroborar las denuncias y avanzar en el esclarecimiento de estos delitos. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el curso de la investigación.
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