Avanza la investigación en OSPRERA: ahora facturas sospechosas tras los chats que comprometen a los Menem y Karina Milei

La Justicia avanza sobre la intervención de OSPRERA con allanamientos a empresas vinculadas a los Menem y chats que comprometen a Karina Milei y su hermano Lule en el manejo de la millonaria caja sindical.

La Justicia profundiza la investigación sobre presuntos negociados en la obra social de peones rurales (OSPRERA), intervenida desde noviembre de 2024, con nuevos allanamientos a la empresa HTECH por facturación de 154 millones de pesos.

La firma pertenece a Sergio Aguirre, vinculado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque desde su entorno aseguran que no existe relación comercial actual. Cuando los efectivos llegaron al domicilio declarado, la empresa ya no funcionaba allí, pero en el mismo edificio opera WellMets Systems Medicine, también asociada a Aguirre.

El procedimiento fue ordenado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, quienes investigan si se tercerizaron servicios de manera irregular y bajo qué condiciones se emitieron las facturas detectadas.

Esta línea se suma a las causas abiertas por la intervención considerada ilegal, los contratos firmados por la gestión del interventor Marcelo Petroni —entre ellos con la droguería Suizo Argentina, por deudas que superaban los $7000 millones— y la muerte de nueve pacientes bajo custodia médica, que podría derivar en imputaciones por abandono de persona.

A la par, se incorporaron al expediente chats extraídos del celular de Petroni, donde se exhibe la presunta injerencia del círculo íntimo del presidente Javier Milei en el manejo de la caja sindical.

En un mensaje dirigido a un contacto de prensa, Petroni escribió: “Nosotros somos Lule y Karina”, en referencia al asesor Eduardo Menem y a la hermana del mandatario. En otros diálogos ordenó a Aguirre: “Avísale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.

Las conversaciones revelan reuniones coordinadas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, antes de reportar “después con Martín Menem en Casa Rosada”.

Para la fiscalía, los indicios apuntan a un plan para asegurar el control político y financiero de la Uatre y su obra social, utilizando empresas proveedoras cercanas al poder libertario.