Se denunciaron reiteradas agresiones físicas y abusos sexuales, además de amenazas de muerte contra su hijo de 17 años con autismo. Durante el juicio, las pruebas reunidas por la Fiscalía permitieron demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos de Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un hombre fue condenado al ser considerado autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género (dos hechos).

La intervención de la Fiscalía comenzó luego de que una mujer denunciara a su expareja, a quien acusó de haberla agredido físicamente en reiteradas oportunidades, de someterla a abusos sexuales, y de amenazarla con quitarle la vida a su hijo de 17 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, si no le entregaba dinero.

Las denuncias fueron radicadas en junio de 2023 y junio de 2024. Se comprobó que las agresiones incluyeron golpes en la cabeza, cortes con un cuchillo en un dedo de la mano y otras lesiones en distintas partes del cuerpo, todas constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del CIF.

A partir de los informes elaborados por los profesionales del CIF, se acreditó el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la damnificada, quien fue relatando distintos hechos de violencia sufridos tras su separación del acusado, con quien había mantenido una relación de un año y medio.

Luego de analizar las pruebas presentadas por las partes, la jueza María Victoria Montoya Quiroga, de la Sala II del Tribunal de Juicio, le impuso una pena de ocho años de prisión efectiva y ordenó la extracción de material genético del condenado, a cargo del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del CIF.

También dispuso su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), conforme a lo establecido por la Ley Nacional 26.879 y la Ley Provincial 7775. Para ello, se ofició a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), encargada de continuar con el trámite correspondiente.